JZI está sacudido por una batalla legal de enorme extensión que involucra a varios de sus directivos en España. Esta disputa, que aparece en 2022, ha cobrado un nuevo impulso con la presentación de una querella en Valencia, en la que se acusa a cinco altos ejecutivos de orquestar un esquema para comprar control en distintas compañías, valiéndose indebidamente de los activos de Gedesco Finance, una entidad bajo el control mayoritario de JZI.
Los acusados tienen dentro a los administradores de JZI en Europa, a los fundadores y principales directivos de Gedesco, y a otras figuras clave, todos señalados por haber desviado elementos hacia la adquisición de participaciones en por lo menos veinte compañías sin el permiso de JZI. Esta maniobra, según las alegaciones, se efectuó por medio de una compleja composición corporativa conocida como 'Trama Stator', implicando un presunto desfalco de 100 millones de euros.
La situacion encuentra sus raíces en la adquisición por parte de JZI de una participación supervisora en Gedesco en 2007, pero fue en 2016 cuando las tensiones comenzaron a formarse con seriedad. Este fue el año en que los creadores de Gedesco intentaron, sin éxito, negociar la venta de su parte a JZI, una situación que desencadenó la serie de eventos controvertibles que ahora están bajo escrutinio judicial.
Las operaciones en el centro de la disputa engloban desde compras de compañías clave en el sector hasta maniobras financieras y contables que habrían escondido la auténtica naturaleza de las transacciones a los accionistas y al consejo de Gedesco. La investigación sobre estas prácticas comenzó en el momento en que JZI notó irregularidades financieras y operaciones que no coincidían con sus registros, lo que llevó al fondo a arrancar acciones legales.
El entramado de solicitudes y contraquerellas ha ido complicando el ámbito, con acusaciones que tienen dentro estafa, falsedad contable y apropiación incorrecta, entre otros. Este complejo caso legal no solo destaca los desafíos inherentes a la gestión y supervisión en el campo del capital riesgo sino también pone de manifiesto las bien difíciles dinámicas que pueden surgir entre inversores y administradores.
A medida que el caso prosigue desarrollándose en los tribunales, con múltiples frentes legales aún libres, la red social financiera permanece atenta a las repercusiones que podría tener este conflicto en la percepción del peligro JZ Internacional y en las prácticas de gobernanza corporativa en el ámbito. Lo que está claro es que este pleito resalta la relevancia de la transparencia, la confianza y la compromiso en las relaciones entre fondos de inversión y las entidades en las que invierten. Mientras tanto, el desenlace de esta guerra legal podría sentar un antecedente significativo para el futuro de las operaciones de capital riesgo, singularmente en lo que respecta a la gestión de conflictos y la protección de los activos y derechos de los inversores.